INJURIA LEVE: DEL DESCRÉDITO A LA PRIVACIÓN

Bien es sabida la utilización masiva (y legítima) que la ciudadanía española, pícara donde las haya, ha hecho de la Administración de Justicia en lo que respecta a las infinitas querellas por insultos y demás “vejaciones verbales” que suelen ser el día a día de nuestra sociedad. Riñas de bar, discusiones familiares, menosprecios ínfimos por una reyerta a menudo sin sentido, solían acabar descritas en querellas, interpretadas por Abogados y discutidas en sede judicial.

Efectivamente, las estadísticas eran firmes al describir un número de juicios de faltas por injurias desmesurado frente al resto de procedimientos judiciales penales, salvando siempre los juicios rápidos por alcoholemias, que rompen toda estadística. El uso de la vía penal era desproporcionado, haciendo mofa del principio de mínima intervención del Derecho Penal. He ahí el descrédito.

Eso es tiempo pretérito. Nuestro legislador tiende a los extremos: o lo permite todo, o lo suprime. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica nuestro Código Penal, descatalogando las faltas, creando los llamados delitos leves y, entre esas turbias aguas, eliminando la falta de injurias. He ahí la privación.

Dicha supresión viene recogida en el artículo 208.1 del Código Penal: “…Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves…” (Con la salvedad de las injurias proferidas en el ámbito familiar del art. 173.2).

Conclusión: se ha erradicado la posibilidad de acudir a la vía penal por cualquier menosprecio ajeno que no tenga demasiada importancia, circunstancia ésta que será objeto de precisión por la jurisprudencia de nuestros Tribunales.

¿Qué opciones quedan para salvaguardar nuestro derecho al honor frente a vejaciones no significativas? Para aquellos ávidos de conflicto y necesitados de exigir responsabilidades, el legislador deja la puerta abierta a la vía civil, en aplicación del procedimiento preferente y sumario reconocido en el art. 53.2 de nuestra Constitución. De tal forma, se incoaría un procedimiento declarativo ordinario (249.1.2º LEC) basado en las particularidades previstas en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil al derecho al honor, intimidad y propia imagen, en aras del reconocimiento de una responsabilidad civil por daños del art. 1902 del Código Civil. Es decir, se podrá satisfacer al demandante (sólo) con una indemnización económica y, obviamente, ninguna condena penal al ofensor.

¿Significa esto que se sigue gozando de la misma facultad para reclamar los daños causados a nuestro honor? Sí, pero con un mayor desembolso económico. La complejidad de un procedimiento civil ordinario, pese a sus mayores garantías, hace obligatoria la presencia de Abogado y Procurador, cuyos honorarios no serán precisamente económicos en estos procedimientos, más aún si surgen diferentes incidentes o recursos susceptibles de sustanciarse durante el proceso. Es obvio que estos inconvenientes harán renunciar a muchas interposiciones de demanda.

Así las cosas, eliminada la vía penal para injurias de carácter leve, sólo los más osados podrán acudir a la jurisdicción civil, siempre más cara, siempre más lenta, pero siempre subsidiaria...


Entradas recientes
Archivo