LAS MASCOTAS EN LAS CRISIS MATRIMONIALES

Llegado el momento de la ruptura de la pareja y puesta la primera piedra para el fin del matrimonio, las primeras reflexiones sobre las consecuencias de una separación o divorcio suelen focalizarse en los mismos elementos y acostumbran a estar bastante claras: la casa, los niños, los gastos de hipoteca, el coche, el dinero, el televisor que se pagó a medias… (El orden de importancia que se le quiera dar a cada bien dependerá de la conciencia de la persona).

Sin embargo, escasas son las ocasiones en las que se repara en que las mascotas que mantenemos en el hogar familiar pueden ser significativos en la ruptura conyugal, dado que son animales que, según el cariño o la importancia otorgada por sus dueños, pueden llegar a constituir un miembro más de la familia. Recordar que en aproximadamente el 50% de los hogares españoles se tiene una o más de estas mascotas.

Cabe empezar diciendo que la normativa española, el desarrollo jurisprudencial de nuestros Tribunales y nuestra propia conducta social han conducido a nuestras mascotas a una situación intermedia entre una cosa (bien mueble) y un menor de edad, salvando siempre las distancias. De nuestro Código Civil (arts. 333 y 335) se difiere que las mascotas son bienes muebles, es decir, una cosa “susceptible de apropiación y que puede transportarse de un punto a otro”. Así pues, les serían aplicables a las mascotas todas las normas, materialmente posibles, sobre propiedad y posesión, destacando los negocios de compraventas, usufructos, sucesiones y donaciones, derechos de accesión sobre sus crías, copropiedad, entre otros.

Ya en el ámbito exclusivamente de Derecho de Familia y siguiendo la misma consideración como “cosa” que el Código Civil les otorga, distinguiremos en un primer momento si el matrimonio de los dueños se ha convenido mediante capitulaciones en régimen económico de separación de bienes o el general de gananciales (dejando aparte el de participación, menos común). Así:

  • Si existe separación de bienes y la mascota ya pertenecía a uno de ellos antes, la mascota seguirá siendo del cónyuge que en su momento lo adquirió. Igualmente, si el animal doméstico fue adquirido durante el matrimonio, quien lo haya comprado y conste como titular, será su legítimo propietario. Los medios de prueba serán los obvios: factura de compraventa del animal o documento de adopción, inscripción en Registro de Animales de Compañía, ficha en el veterinario correspondiente, estar identificado como propietario en documentos de identificación, etc.

  • En caso de sociedad de gananciales, la situación es más compleja, dado que debemos tener en cuenta las reglas generales sobre bienes privativos y gananciales que rigen todo el patrimonio conyugal. Esas reglas (arts. 1346 y ss. del Código Civil) pueden llegar a dar alguna de estas básicas situaciones:

  1. Si uno de los cónyuges ya era dueño de la mascota antes del matrimonio, de forma lógica se mantendrá como bien privativo, y ello a pesar de que los gastos de alimentación, salud, etc. pueda llegar a ser a una tarea de ambos.

  2. Si la mascota proviene de una herencia, será exclusivo del cónyuge heredero o legatario y tendrá carácter privativo. Sin embargo, si se adquiere como donación, se deberá estar a si la misma favorece sólo a uno de los cónyuges (privativo) o, por el contrario, a la sociedad conyugal (ganancial).

  3. La compraventa del animal con dinero común, como es el dinero derivado del trabajo o de actividades económicas durante el matrimonio, otorgan a aquél el carácter de ganancial.

Obviamente, estas situaciones pueden ser muy variadas y para ello se deberá estar a cada caso concreto.

Llegado el momento del divorcio o separación, decir que el mismo podrá ser de mutuo acuerdo o contencioso, pero las medidas a adoptar sobre la mascota serán comunes a ambos. Recordar que a la mascota se le trata como una cosa, y por lo tanto deberá estar reflejada en la liquidación del régimen económico.

Y aquí es el momento en que, a pesar de ser una “cosa”, los dueños, en sus convenios reguladores, y los Tribunales en sus resoluciones empiezan a ver a las mascotas como algo más, y ello por lo siguiente:

  • Para empezar, la mascota se puede otorgar a un cónyuge o al otro, pero también se está previendo por los tribunales una especie de guarda y custodia compartida (aunque sin utilizar ese término, reservado a los hijos).

Destaco lo manifestado por la Audiencia Provincial de Barcelona:

"en los juzgados y tribunales de familia ha dejado de ser anecdótico que en convenios reguladores se establezcan acuerdos minuciosos sobre animales de compañía y, sobre todo cuando pertenecen a los hijos, se mantenga en proindivisión la propiedad de los mismos, con especificación de periodos de tenencia de uno y otro dueño, o que se establezcan eventuales derechos de utilización alterna respecto de perros, gatos y hasta de tortugas o lagartos”.

  • Derivado de esa atribución en exclusiva o compartida, se generan derechos tales como las reglas de visita del animal al cónyuge no custodio, abarcando no sólo la visita sino los paseos, juegos y compañía que la mascota requiere, quién corre con los gastos de manutención del animal y de todos los gastos de salud y cuidados que requiere, etc.

A los efectos de alcanzar un acuerdo sobre estos puntos o que el Juzgador decida al respecto, se deberá valorar (salvo bien privativo) la especial dedicación al animal por alguno de los cónyuges, el interés en mantenerlo, ser el indicado para ello, y cualquier circunstancia que permita el mejor interés para la mascota.

  • Uno de los puntos esenciales para determinar la custodia de estos animales es si existen niños, dado que los Tribunales siempre se inclinan, en aras del interés último del menor, a que éstos permanezcan con sus mascotas. De esta forma, podría decirse que quien obtenga la guarda y custodia del menor también adquirirá la mascota.

  • Se podrían incluso llegar a pensar en la solicitud de una indemnización a favor del cónyuge no custodio en compensación por la pérdida de disfrute del animal. Aunque los Tribunales son reacios a adoptar medidas de oficio en esta materia, sí podría ser alcanzado dicho acuerdo en un convenio regulador, dado que, en palabras de la Audiencia de Barcelona, “la privación de la compañía del animal a uno de los consortes, por consecuencia del cese de la vida matrimonial, o por ruptura de una unión estable de pareja de hecho, produce sentimientos de tristeza, desasosiego, ansiedad y añoranza, en la persona a la que se priva de su compañía”.

Sin embargo, y salvo excepción de algún Juzgado de Primera Instancia, la realidad es que los Tribunales NO SUELEN FIJAR DE OFICIO LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS MASCOTAS. Ello es debido a que, como expone por ejemplo la Audiencia de León, las mascotas son un bien semoviente que es susceptible de propiedad y posesión, y a su vez de división o copropiedad, lo que, a su juicio, debería ser decidido en un proceso declarativo específico al efecto y no en un juicio de familia. Al mismo tiempo, alegan que el art. 91 del Código Civil, en el que se recogen las medidas judiciales a adoptar en las sentencias de divorcio o separación, no se prevé un pronunciamiento expreso sobre las mascotas. En síntesis, los Tribunales consideran este asunto algo secundario, no previsto y siempre dejado a decisión de los litigantes.

¿Cuál sería entonces la mejor solución para la mascota? Obviamente, LLEGAR A UN ACUERDO y exponerlo en el convenio regulador. Y ello aunque sea el único acuerdo al que pueda llegarse a lo largo de todo el procedimiento de divorcio, dado que es perfectamente posible presentar al Tribunal acuerdos puntuales respecto de ciertos aspectos. Otro consejo: SER MUY PRECISOS EN LAS CONDICIONES DEL ACUERDO. La mayoría de Tribunales no admiten que sean aplicados a las mascotas aquellos conceptos reservados a los hijos (régimen de visitas, guarda y custodia, alimentos…). Por lo tanto, ser cuidadosos con esos términos y fijar muy pormenorizadamente las reglas de convivencia, más aún si se va a prever una “custodia compartida” del animal. Horarios, días y lugar de recogida y devolución, paseos, obligación de proveer de comida, agua e higiene durante la tenencia, reglas sobre cuidados, seguridad, costumbres y comportamientos del animal, obligaciones en caso de emergencias, gastos a sufragar, son sólo unos pocos ejemplos de los acuerdos que se pueden alcanzar. Cuanta más precisión, mayores facilidades se tendrán a la hora de una ejecución de sentencia por incumplimiento de los acuerdos adoptados.

Finalmente decir que, sea cual sea la decisión tomada o la confrontación que se intente solucionar, debe recordarse que, al igual que los hijos, la mascota es quien sufrirá las máximas consecuencias y tenemos que pensar que, aunque este concepto jurídico no existe, el fin último siempre debería ser el del “interés superior de la mascota”.


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