RECURRIENDO MULTAS DE TRÁFICO...(PARTE I)

Impopulares, polémicas, injustas, inoportunas, excesivas…Muchos son los calificativos, sobre todo negativos, que se les puede otorgar a las comúnmente denominadas multas de tráfico…más aún cuando se nos exige el pago de ciertas cantidades o la detracción de puntos. Es cierto que las denuncias de tráfico son necesarias para intentar prevenir infracciones más o menos graves en la circulación y los consecuentes accidentes que podrían ocasionarse, pero los usuarios de las vías también deben ser conscientes de que dichas denuncias deben cumplir una serie de requisitos que les otorguen plena validez. Su inobservancia permitirá acceder al desconocido juego de las alegaciones y recursos en vía administrativa.

Variados pueden ser los motivos por los que una sanción de tráfico puede ser recurrida, siendo algunos de ellos muy básicos, como por ejemplo el hecho de que la infracción de tráfico haya prescrito (3 meses para infracciones leves, 6 meses para las calificadas como graves y muy graves), la falta de fotografía o la falta de nitidez de la misma en el caso de multa por exceso de velocidad captada por radar, error en los datos de la denuncia, etc.

Sin embargo, esta primera parte la dedicamos a un motivo específico, la denominada atribución arbitraria de responsabilidad.

Una de las primeras ideas que deben ser tenidas en cuenta es la obligación de Tráfico de sancionar exclusivamente al conductor infractor, no directamente al propietario del vehículo (salvo que ambos se identifiquen en un mismo sujeto). Cualquier persona que le haya sido notificada una sanción de tráfico por exceso de velocidad sin que haya sido detenido por los agentes de tráfico les resultará muy familiar esta situación. Primero se remite al propietario del vehículo una notificación en que se insta a identificar al conductor que incurrió en la infracción para, posteriormente, remitir a éste la correspondiente denuncia e iniciarse el procedimiento sancionador.

¿Por qué se da esta situación? Pues debido a la obligación legal prevista en la vigente Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en aplicación del principio de presunción de inocencia. Es obvio que no se puede pretender denunciar indiscriminadamente a una persona sin un principio de prueba, y esa es la interpretación que emite el Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/2008, de 10 de marzo. Lo contrario daría lugar a una inseguridad jurídica absolutamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico.

Derivado de ese mandato constitucional, la Ley de Seguridad Vial (LSV) impone como obligación de los titulares de los vehículos el identificar a aquél conductor que cometió la infracción, facilitando sus datos en el plazo máximo de 20 días naturales (arts. 11.1.a) y 93.1 en su segundo párrafo). Ese requerimiento de identificación se realiza a través de un procedimiento administrativo independiente, pudiendo aportarse dicha identidad por vía electrónica:

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/alguna-multa/identificacion-conductor-responsable-infraccion/

Identificado el presunto conductor infractor, se notificará la denuncia conforme a los trámites previstos para el procedimiento sancionador de la LSV.

ADVERTENCIA: el no cumplimiento de esta obligación de identificación conlleva la comisión por el requerido de una infracción calificada como muy grave (art. 77.j LSV), siéndole aparejada una sanción de multa del doble o el triple de la multa originaria, dependiendo de si ésta es leve, grave o muy grave (art. 80.2.b LSV). Ejemplo: vehículo es detectado por radar a 153 km/h en vía interurbana limitada a 120 km/h, siendo sancionado con multa de 300 euros y pérdida de 2 puntos. El propietario del vehículo no identifica al conductor y se le impone una sanción de 900 €. ¡OJO! No identificar al conductor no conlleva pérdida de puntos (ver anexo II de la LSV), por lo que quien no le importe abonar más cuantía de multa verá protegidos sus puntos y los del conductor infractor.

Lo expuesto podrían ser las vías ordinarias de actuación de la Administración de Tráfico. Sin embargo, no escasas han sido las situaciones en que, no identificando en ningún momento al conductor, Tráfico incoa procedimiento sancionador sobre el propietario del vehículo sin dar la posibilidad de identificación. Esta situación es recurrible al haber incurrido en la denominada atribución arbitraria de responsabilidad.

Es claro, en base al referido principio de presunción de inocencia, que tanto las sanciones penales como administrativas deben focalizarse en el infractor, debiendo ser atribuida una responsabilidad objetiva y en ningún momento aleatoria. La Administración tiene la obligación de identificar al infractor, bien parando el vehículo en el momento de la infracción bien solicitando la identificación posterior. De forma contraria y tal y como se ha advertido, se incurriría en la vulneración del art. 24 de la Constitución y se podría alegar la nulidad de pleno derecho de la multa de tráfico, en base a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 39/2015 reguladora del Procedimiento Administrativo Común, debiendo ser objeto de alegaciones en vía administrativa (plazo de 20 días desde la notificación de la denuncia) y en un posible recurso administrativo de reposición ulterior.

Recapitulando: salvo en los casos en que se detenga al conductor y sea identificado in situ, Tráfico siempre deberá solicitar del propietario la identificación del conductor para proceder a notificarle la denuncia. Si no lo hiciere, vulneraría la presunción de inocencia y su denuncia podría ser recurrida y anulada.


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